domingo, octubre 21, 2018
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Viviana Bonilla señala que el alto costo de las maestrías limita la profesionalización de jóvenes y la población ecuatoriana

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La legisladora Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, acudió a la Comisión de Educación, donde defendió el alcance de su proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que busca poner techo a los costos de las maestrías de cuarto nivel.

Este tema en un clamor ciudadano, más aún cuando la gente se pregunta por qué estudiar en nuestro país es tan caro y peor para obtener un título de cuarto nivel. El problema de las maestrías es una limitante para el estudio y una forma de exclusión social, ya que la calidad de una maestría está asociada al costo de la misma, precisó.

Citó que una maestría en administración de empresas en las universidades privadas: San Francisco, Espíritu Santo e Internacional tienen un valor de 21.230, 19750 y 15.000 dólares, respectivamente. Mientras en centros públicos como Andina Simón Bolívar, Técnica de Manabí y la Estatal de Milagro están en 8.790, 8.050 y 7.500, en su orden, cuyos valores se incrementan al acceder a un préstamo en el sistema financiero, a una tasa de interés anual del 10 % y a un plazo máximo de seis años. Entonces, el estudiante terminaría pagando 33.968 en el caso de la primera de las mencionadas, explicó.

Comentó que en este asunto hay otra condición, que pese al esfuerzo que pueda hacer el profesional para cursar una maestría nada le asegura que consiga trabajo o que se ubique en un empleo que supere sus expectativas laborales y salariales, es decir, haber pagado un alto costo no le garantiza que le devuelva la inversión realizada, añadió.

Aseguró que la propuesta tiene sustento jurídico, económico y académico; surge de la comunidad de estudiantes, de la preocupación de padres de familia y del país en general. Trata de poner fin a los exagerados costos que limitan las opciones de superación académica de los profesionales ecuatorianos.

Viviana Bonilla consideró la información remitida por la Senescyt sobre el tema de recursos que proporciona el Estado a las instituciones de educación superior (IES), públicas, privadas y cofinanciadas para el proceso de generación de maestrías es insuficiente.

La asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación, expresó que comparte los objetivos de la propuesta, al señalar que se analizará la posibilidad de convocar a los directivos de la Senescyt y del Ministerio de Finanzas, a fin de aclarar esta problemática.