domingo, octubre 21, 2018
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Rubén Flores, exministro de agricultura, ejerció su derecho a la defensa en la Comisión de Fiscalización

El exministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, ejerció su derecho a la defensa, en la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesta en su contra por la asambleísta Verónica Guevara, por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley.

La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió los argumentos de descargo del exfuncionario, quien dijo que su gestión fue apegada a la política pública del sector agrícola, que busca contribuir al desarrollo armónico de este importante y significativo sector de la producción.

Flores Ágreda subrayó que, si bien la Asamblea tiene la facultad de juzgar la responsabilidad política de determinados funcionarios de Estado, tiene que haber un componente jurídico que permita establecer dicha responsabilidad, sobre la base de evidencias objetivas que, en este caso, no se han presentado por parte de la denunciante.

Explicó que el sector agrícola no puede ser entendido de una manera fragmentada, sino en su conjunto, pues se trata de un segmento que aporta más de seis mil millones al año al Producto Interno Bruto.

Añadió que la problemática el sector agropecuario, no solo tiene que ver con la política de precios al productor o al consumidor, hay que mirarla desde la baja productividad, asistencia técnica, tecnología, investigación y capacitación, pues según el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), corregir estos problemas tomaría por lo menos tres años de trabajo constante.

Rubén Flores aseguró que una de sus primeras decisiones, al participar como miembro del directorio de la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA-EP, fue solicitar una auditoría, porque hubo sobreoferta y sobrealmacenamiento de ciertos productos. “En mi gestión, tras 10 años en que no hubo exportación de arroz, el 50 % de la producción se destinó a exportación, vía Colombia”, enfatizó.

Respecto de la política de comercialización, indicó que no se trata de establecer precios de sustentación solamente, es toda una cadena productiva que debe ser tomada en cuenta, considerando las debilidades del sector, como el caso de la asociatividad, “sobre la cual hay un uso clientelar y la parte política es responsable de la pulverización del agro, en términos de asociatividad”.