martes, agosto 14, 2018
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Reformas a la ley orgánica de educación superior en manos del ejecutivo para su sanción u objeción

El proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior fue enviado al presidente de la República, Lenín Moreno, para que lo estudie, puntualice sus observaciones o lo sancione y ordene su publicación en el Registro Oficial, según sea el caso.

Cumpliendo con su oferta de beneficiar los jóvenes estudiantes, a través de la Agenda Legislativa, el Pleno aprobó estas reformas con 120 votos a favor. Con ello, en 13 días aprobó la quinta norma.

A través de los cambios introducidos en la Ley, más jóvenes podrán ingresar al sistema de educación superior, sin perder calidad en el servicio. Además, tendrán la posibilidad de elegir su carrera. En tanto, en los centros universitarios se profundiza el criterio de autonomía y se garantiza su financiamiento.

Acceso educativo

Para ingresar a las universidades y escuelas politécnicas el examen no será el único requisito que defina. Habrá otros criterios que suman, como los antecedentes académicos y la condición socioeconómica.

También se mejora la oferta educativa. Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores se considerarán como Institutos Tecnológicos Universitarios. La formación en estos centros será de tercer nivel, en el área técnica y podrán crear especializaciones y maestrías.

Las Instituciones de Educación Superior adjudicarán directamente becas, por lo menos, al 10 % de sus estudiantes regulares, así como el 6 % de su presupuesto para sus profesores.

Financiamiento

Los recursos económicos del Estado para las instituciones de educación superior se garantizarán a través de un Fondo Permanente de Desarrollo. Cuando el presupuesto no se gaste en los plazos definidos se acumulará.

Para garantizar una justa asignación de los recursos se considerarán indicadores como la docencia, investigación, vinculación, así como eficiencia administrativa y financiera.

La norma fortalece la autogestión. El dinero que obtengan de las actividades académicas y de propiedad intelectual podrá reinvertirse en beneficio de estas instituciones, mientras que el Sistema de Contratación Pública otorgará ventajas para ofertar sus productos y servicios.

Calidad educativa

Según el proyecto, en caso de que los programas y carreras no cumplan los estándares de calidad se realizará una intervención parcial, evitando el cierre y se elimina la categorización. Según Silvia Salgado, presidenta en ejercicio de la Comisión de Educación, el enfoque es que el sistema tenga categoría A.

Los docentes a tiempo completo tendrán un plazo de cinco años para obtener títulos de doctorado o PhD, mientras que para investigadores habrá un régimen de contratación específico.

Participación

La participación de los estudiantes en las decisiones de las Instituciones de Educación Superior será entre el 25 % y el 35 %. Asimismo, las autoridades académicas y estudiantiles participan con voz y voto en las decisiones de estos centros educativos.

La elección de las máximas autoridades se hará mediante listas, garantizando la alternabilidad, paridad de género e igualdad de oportunidades.

Universidades emblemáticas

La Ley establece la reactivación de la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas Amawtay Wasy como institución pública.