miércoles, julio 18, 2018
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AAMPETRA conoció 42 casos de violencia sexual y en 8 evidenció negligencias administrativas y judiciales

A raíz de los hechos de abuso sexual a 41 niños y niñas entre 9 y 11 años en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, la Asamblea Nacional asumió el compromiso de investigar los casos, determinar negligencia en los procesos e identificar las deficiencias normativas. Para ello creó una comisión ocasional, que inició sus labores en agosto de 2017, presidida por Silvia Salgado, con el acompañamiento de una veeduría ciudadana.

La comisión efectuó 18 sesiones y con la información recabada en las mismas y requerida a varias entidades, aprobó el informe de su investigación. En el documento detalla que conoció 42 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales analizó ocho.

En estos casos, indica el texto, se evidenciaron omisiones y negligencias en los procesos administrativos y judiciales y se identificó a los funcionarios que las cometieron, para quienes solicitó, a las autoridades competentes, las sanciones respectivas. De igual manera, planteó 29 recomendaciones a las instituciones públicas con competencia en el tema, a las que la comisión fiscalizará su cumplimiento.

Logros alcanzados

La Comisión detalla que con su trabajo se logró visibilizar la magnitud del problema; la inclusión de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de NNA en la consulta popular y la conformación de la Mesa Interinstitucional para articular acciones, impulsar políticas conjuntas y crear un registro único de casos.

También consiguió la intervención de las instituciones educativas donde se produjeron los hechos de violencia; requirió la atención psicológica y jurídica para las víctimas a través de las instituciones competentes; mientras que el Ministerio de Educación reactivó 171 procesos administrativos archivados, implementó las pruebas psicométricas a los docentes, actualizó los protocolos y reactivó la contratación de personal para los Departamento de Consejería Estudiantil.

Del mismo modo, junto al Presidente de la Asamblea, José Serrano, denunció ante la Fiscalía los casos conocidos y solicitó investigar los expedientes reabiertos por el Ministerio de Educación. Los Ministerios de Educación y de Justicia suscribieron un convenio para derivar al Servicio Especializado de Protección Especial los casos identificados en el sistema educativo, mientras que en la cartera de Inclusión Económica y Social se fomentó la expedición del protocolo para prevenir hechos de violencia sexual en los establecimientos de primera infancia.

Control político

La mesa llamó a las máximas autoridades involucradas en ese tema, como Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensorías del Pueblo y Pública; ministerios de Educación, Salud e Inclusión Económica y Social; Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, entre otros. A sus representantes le pidió explicaciones sobre las acciones que han realizado o realizan para frenar este problema. También les requirió información documentada.

La participación ciudadana: familiares de las víctimas y organizaciones sociales fue también fundamental para sus conclusiones. La mesa realizó diez comisiones generales a fin de escuchar sus experiencias y aportes. Además, en algunos casos recibieron el patrocinio de la Asamblea para que sus casos no queden en la impunidad.