viernes, septiembre 22, 2017
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El Legislativo recibió un proyecto de ley para regular los actos de odio en las redes sociales

Quito (Pichincha).-El expresidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea un proyecto de ley que tiene como objetivo regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet.

Según el documento, firmado el 23 de mayo, la normativa se aplicará a las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de comunicaciones telemáticas, plataformas de internet o tecnologías de similar naturaleza, que permitan a los usuarios compartir contenido con otros, o difundirlo públicamente, y que alcancen los cien mil usuarios registrados de Ecuador. En ese proyecto también se da a conocer que en Ecuador hay 11 millones de cuentas de Facebook, un millón de cuentas de Instagram, y unos 700.000 usuarios de Twitter.

Se explica que el proyecto tiene por objeto regular las acciones que los proveedores deben adoptar para el tratamiento de contenido o información que puedan constituir actor de discriminación o de odio, según lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el documento se puntualiza que Internet puede ser utilizado como medio para para actos discriminatorios y la comisión de delitos de odio.

Se destaca que los proveedores deberán elaborar un informe trimestral relacionado a la gestión de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal que presenten los usuarios. Este informe deberá ser presentado ante el Ministerio de Justicia.  Además, deberán establecer un procedimiento eficaz para solventar los reclamos o reportes de contenido ilegal (aquel por el cual se incurra en un delito o contravención).

El procedimiento- subraya el texto- “deberá ser simple, accesible y constantemente disponible”.  También dispone que los proveedores de redes sociales designen a un agente interno, responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa y presentar los informes a la autoridad administrativa, así como comunicar los hechos presuntamente delictivos ante la Fiscalía. Así mismo establece sanciones por parte del Ministerio de Justicia, que impondrá multas por la comisión de infracciones administrativas, entre ellas falta de informe, ausencia de procedimiento para gestionar reclamos, omisión o inadecuada supervisión, falta de designación de agente.  /GFS/El Ciudadano

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