lunes, noviembre 20, 2017
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Comisión avanza en el análisis del borrador de informe sobre casos de abuso sexual

La Comisión Ocasional Aampetra hizo un control político a las autoridades sujetas a fiscalización y recopiló información que fue sistematizada a efectos de sacar algunas conclusiones, frente a un caso que la ciudadanía y el país entero pide explicación, como es el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en escuelas y colegios.

Silvia Salgado, presidenta de la Comisión, sostuvo que el informe no tiene juicio de valor, sino datos que son inocultables.

Aseguró que para la Comisión ha sido prioridad dar un tratamiento urgente a los casos, que por lo menos se han visibilizado a través de la denuncia y de la prensa. En este sentido, han hecho el seguimiento y propuesto acciones inmediatas, de las cuales, en la mayoría de los casos, han sido intervenidas las instituciones. En otros, destituidas autoridades por negligencia y por falta de cumplimiento de protocolos, o se han puesto en manos de la Fiscalía.

“Se asume que serían 41 niños los que habrían sido perjudicados con abuso sexual. Sin embargo, solo hay ocho denuncias”, dijo Silvia Salgado. A la vez, señaló que la situación no se compadece cuando en la práctica, las denuncias no corresponden al número real de casos. Esta situación ha llevado también a fiscalizar al sistema judicial para conocer cuáles son los nudos que impiden que se haga el seguimiento y tratamiento, especialmente a las víctimas y familiares.

Lo propio en el Consejo de la Judicatura, una vez que están instaurados los juicios, en muchos no hay sentencias. Por ello, se ha planteado al Presidente de la República que se instale una mesa interinstitucional integrada con todas las funciones del Estado.

Explicó que esto permitirá, de manera coordinada, implementar un plan emergente que dé respuesta, no solo en el plano administrativo del Ejecutivo, sino también a nivel judicial. De igual forma, emplazar a la propia ciudadanía y a la familia, que asuman el derecho a proteger a las víctimas, denunciar, e inclusive, reclamar sanción y reparación, porque si no actúan, los hechos quedan en la impunidad.

Dijo que son tres la acciones emprendidas por la Comisión: qué se hace para prevenir, qué se hace cuando se producen los abusos y cuál es el seguimiento, y qué han hecho para reparar cuando se han identificado las víctimas y sancionar al victimario. Los hechos no se deben quedar en una sentencia judicial, sino en atención psicológica, física, protección personal y a la familia.

El siguiente paso de la Comisión es trabajar en las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que no prescriban los casos a nivel administrativos y el Código Penal para instaurar un procedimiento expedito para la respectiva sanción.

Igualmente, harán seguimiento a efectos de conocer qué han hecho para evaluar a las autoridades y determinar si cumplieron o no su obligación. También considera necesario conocer lo sucedido con el control del sistema educativo del sector privado.