lunes, noviembre 20, 2017
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Defensoría Pública pide declarar en emergencia al sistema educativo y la realización de auditoría en la selección de maestros

Ernesto Pazmiño, Defensor Público, sugirió a la Comisión Aampetra que cuando prepare su informe pida a Lenín Moreno, presidente de la República, que declare en emergencia al sistema educativo, con el objetivo de establecer un programa único del Estado o una hoja de ruta para el acompañamiento, defensa, protección y reparación integral de las víctimas de violencia sexual.

Estas declaraciones las hizo en la mesa legislativa, donde fue convocado para que explique las acciones que ha desarrollado para prevenir y sancionar casos de abuso sexual en unidades educativas. Esto, como parte del seguimiento que realiza la Comisión Aampetra a las instituciones públicas.

Durante su exposición dijo, además, que se debería hacer una auditoría de los procesos de selección de maestros y se analice el modelo educativo que “también ha significado un modelo de fracaso en la prevención de estos delitos”.

Un sistema de alerta temprana fue otra de sus propuestas y la respaldó con datos desalentadores. Manifestó que de las 822 denuncias que ha recibido el Ministerio de Educación, solo 40 han requerido el patrocinio de la Defensoría Pública. Sin embargo, aclaró que, de oficio, intervienen en todos.

En cuanto a legislación, pidió que se ajuste el Código de la Niñez a los principios constitucionales, como la protección a niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de violencia y la responsabilidad del Estado para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, entre otros mandatos.

Por otra parte, denunció deficiencias en el sistema de justicia, que no cuenta con suficientes equipos técnicos y expertos en el manejo de la prueba, cadena de custodia y escena del crimen; no hay suficientes operadores de justicia ni peritos especializados en estos temas y existe falta de coordinación interinstitucional. Además, dijo que no hay una respuesta inmediata ni confianza en el sistema.

En cuanto a las acciones emprendidas por la Defensoría Pública, explicó que se creó una Unidad de Atención a Víctimas, protocolos de atención, patrocinio especializado, convenios con organizaciones no gubernamentales para trabajar en los derechos de la niñez y adolescencia, así como charlas y visitas a barrios. Aseveró que la entidad cuenta con 570 defensores capacitados en atención a víctimas de violencia de género.

En proceso sobre abuso sexual, denuncian presuntas irregularidades en la justicia

La Comisión Ocasional Aampetra recibió a los familiares y abogado de una de las víctimas de violencia sexual en un colegio de Quito, quienes denunciaron que, en su caso, se violó el principio de seguridad jurídica. Cuestionaron el papel de la justicia y de la institución educativa. Ante las acusaciones, la mesa aprobó, por unanimidad, que se pida por escrito información al Consejo de la Judicatura y, además, se hará seguimiento a otras instancias.

Silvia Salgado, presidenta de la Comisión, aclaró que el organismo tiene tres ejes de acción, entre ellos, el seguimiento y acompañamiento a víctimas de violencia sexual, así como la participación ciudadana para la construcción de soluciones estructurales. Los otros puntales tienen que ver con legislación y fiscalización de políticas públicas sobre este tema.

En legislación, Amapola Naranjo aseguró que ya se han presentado unas 30 reformas al Código Integral Penal y que estudiarán otros cuerpos legales que requieren correcciones para asegurar la integridad de la niñez y adolescencia. Norma Vallejo habló de reformas al Código de Trabajo para que los sumarios administrativos no prescriban y al Código de Salud para dar garantías a los servidores públicos del sistema de salud que denuncian casos.